Diversas organizaciones de DDHH critican al estado español por el trato a los inmigrantes de Isla de Tierra

SOS racismo, Amnistía Internacional y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, entre otros, señalan que la expulsión de inmigrantes en Isla de Tierra fue ilegal y contraria al derecho internacional.

Amnistía Internacional

Amnistía Internacional denuncia que el Gobierno ha vulnerado los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos, y las leyes españolas de Extranjería y Asilo al ejecutar la expulsión colectiva de los 73 inmigrantes que se encontraban en Isla de Tierra, un islote de soberanía española a escasos metros de la costa marroquí, tras llegar de forma clandestina en los últimos días.

En declaraciones a Europa Press, la portavoz de Amnistía España María Serrano, ha afirmado que las expulsiones, ejecutadas por la Guardia Civil esta madrugada, "son colectivas" y, por ello, "están prohibidas por los tratados internacionales así como la Ley de Extranjería, que establece un proceso con garantías, como el derecho a la asistencia letrada y el intérprete" de las personas antes de ser deportadas.

Según ha explicado, España ha perpetrado "expulsiones sumarias y masivas" que además, contravienen la normativa en materia de asilo, en tanto que el Ministerio del Interior no ha facilitado los mecanismos imprescindibles para conocer si estas personas huyen de algún conflicto o son víctimas de persecución por algún motivo ya sea en su lugar de origen o en el propio Marruecos, al que han sido deportados.

En este sentido, la organización apunta que el Estado "ha podido vulnerar el principio de no devolución", máxima internacional por la que se garantiza que una persona no puede ser reenviada a una zona donde su vida o su integridad corran algún tipo de peligro.

"Amnistía Internacional ha documentado vulneraciones de derechos a personas migrantes en Marruecos, como malos tratos por parte de las autoridades, abusos y violaciones de derechos en definitiva que nunca son investigadas y permanecen impunes", ha afirmado Serrano, para incidir en que España ha obrado a sabiendas de cómo serán tratadas estas personas en el reino alauí.

CEAR

La secretaria General de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Estrella Galán, considera que el Gobierno "ha violado la legislación española e incumplido sus compromisos" en materia de inmigración al deportar en grupo a las más de 70 personas que se encontraban en Isla de Tierra, por lo que la organización estudia denunciar el caso ante los organismos internacionales.

En declaraciones a Europa Press, Galán ha explicado que con la expulsión a Marruecos de estas 73 personas que habían llegado en los últimos días al citado islote español situado a escasos metros de la costa alauí, "no se ha respetado el procedimiento establecido en la Ley de Extranjería --que prohíbe las expulsiones colectivas--, ni se ha permitido que posibles solicitantes de asilo puedan hacer su solicitud".

"No puede ser que con el fin de evitar el supuesto efecto llamada y el freno a las mafias se violen los derechos humanos de las personas migrantes", ha apuntado Galán, para incidir en que Marruecos "hoy por hoy es un país donde no se garantizan los Derechos Humanos y no es, por tanto, un lugar seguro para poder hacer una devolución de personas que puedan proceder de lugares donde no haya garantías".

En este sentido, Galán, basándose en la experiencia de CEAR con personas deportadas a Marruecos, ha afirmado que si los expulsados desde Isla de Tierra siguen "el mismo destino" que otros en su situación, "se les dejará en la frontera con Argelia, donde los subsaharianos son bastante vulnerables porque hay mucha susceptibilidad contra ellos".

"Vamos a intentar localizarles y entrar en contacto con ellos. Queremos tener la certeza de qué ha pasado con esas personas y estamos en proceso de valoración para ponernos en manos de organismos internacionales de derechos humanos y ver si se puede condenar esta situación", ha concretado.

A juicio de la entidad, esto sería factible, ya que según explica Galán, los convenios internacionales como el de readmisión de inmigrantes firmado con Marruecos que el Ejecutivo esgrime en este caso, "no pueden estar por encima de las leyes españolas" que, sobre las expulsiones, define que deben ser individuales y con una serie de garantías.

SOS RACISMO

El portavoz de la Federación Estatal de SOS Racismo, Mikel Mazkiarán, ha denunciado que el desalojo de las ochenta personas que se encontraban en Isla de Tierra con el argumento de que rescatarlas habría abierto una nueva vía para la inmigración clandestina es equiparable a abandonar una patera a la deriva y dejar que se hunda por no fomentar la vía marítima.

"El tratamiento que han tenido en este islote es el mismo que habría tenido una patera a la deriva que en vez de ser rescatada y llevada a puerto, hubiera sido atendida por otra embarcación que, puntualmente, le hubiese proporcionado agua y alimentos", ha señalado en declaraciones a Europa Press.

El representante de SOS Racismo ha incidido en que "eso no es lo que marca el derecho internacional: cuando hay una persona en situación de riesgo, el Estado tiene obligación de rescatarla" y, en este caso, "esas personas requerían una asistencia inmediata" por lo que, a su juicio, "debían ser rescatadas, ser atendidas y llevadas a la Península".

"Sin embargo, el Gobierno, cuando se ha encontrado con que ese islote del que reclama soberanía está habitado por personas que han llegado en condiciones lamentables, en vez de rescatarlas, que es lo que procede en base a cualquier estándar mínimo de salvaguarda de Derechos Humanos, han considerado que era un problema político y lo ha arreglado con Marruecos con un proceso de devolución que infringe cualquier normativa", ha denunciado.

Mazkiarán considera que "no se puede consentir" que desde las autoridades se esgrima el argumento de que de haber trasladado a estos migrantes a la Península o a Melilla, se habría consolidado una nueva vía de inmigración irregular. En su opinión, "hay que primar el respeto a los derechos humanos y a los acuerdos internacionales" de los que España, es suscriptor.

"No se puede consentir en un Estado de Derecho este tipo de argumentos que están en contra de cualquier obligación que tiene el Estado de rescatar a personas en situación de riesgo. Con esa teoría, llegaremos a que pateras avistadas por la Guardia Civil no sean rescatadas ni llevadas a puerto y dejemos que se hundan. En esta dinámica entramos en acciones absolutamente contrarias a cualquier mínimo de respeto de las garantías de derechos humanos", ha asegurado

Fuente: Kaos en la Red