Colombia: Urge un cambio del modelo de salud

Por Ángela Castellanos Aranguren

"Además de cambiar el modelo rentista y economicista de la salud, se requiere transformar su enfoque 'asexuado', pues no todo lo que sirve a los hombres es benéfico para las pacientes mujeres", aseguró a SEMlac Beatriz Carvallo, vicepresidenta de la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia, al referirse al proyecto de ley estatutaria para garantizar el derecho fundamental de la salud, radicado en el Parlamento el pasado 31 de agosto.

Esta iniciativa legislativa es la única que plantea un cambio del modelo del sistema de salud en Colombia, sistema que ha colapsado, en opinión del gobierno, trabajadores de la salud, centrales sindicales y de muchos de los congresistas, además de una amplía porción de la ciudadanía.

Precisamente, cerca de 79.000 colombianas y colombianos firmaron el pasado 26 de julio, la "octava papeleta", que promulga el Manifiesto por la Defensa del Derecho Fundamental a la Salud y a la Seguridad Social , el cual pide que se deroguen las leyes vigentes del sistema de salud, se cumplan las órdenes de la Corte constitucional sobre dicho derecho y se transforme el sistema, de manera que sea "público, sin intermediarios, universal, equitativo, igualitario e integral, administrado y financiado por el Estado y Vigilado por el pueblo, su constituyente primario".

A partir de la Ley 100 de 1993, en Colombia, el sistema de salud y seguridad social está basado en intermediarios privados con ánimo de lucro.

Como lo sintetiza el mencionado Manifiesto, su aplicación "ha provocado violaciones al ejercicio del derecho a la salud, la pérdida de la autonomía de los profesionales de la salud, la inestabilidad en el empleo de los trabajadores y funcionarios, la intermediación laboral, los malos salarios, las víctimas de los trámites excesivos para acceder a la atención en salud, de los paseos de la muerte (los pacientes mueren en medio de los trámites y traslados de una entidad a otra)"

Igualmente, ha causado "la negación de medicamentos, procedimientos e insumos, la inequidad entre los planes de beneficio, como la demora y negación de atenciones; para lo cual el pueblo ha tenido que hacer uso de la tutela como mecanismo legal para acceder a la atención, lo que implica pérdida de oportunidad y continuidad de los tratamientos ordenados por el personal de salud".

"Se vulnera el derecho a la vida cuando se niega un servicio de salud, y especialmente a los pacientes crónicos, como son costosos se los niegan. Es algo que no debería suceder, porque en la Constitución dice que es un derecho", afirmó a SEMlac Mabel Castro, hija de un paciente crónico.

"Yo tuve que interponer una tutela (acción legal para defensa de los derechos) para que le asignaran una enfermera 24 horas y procedimientos especiales a mi padre, quien sufrió un golpe en la cabeza. Estuvo tres meses en cuidados intensivos y después con respirador mecánico varios meses. Como me negaban sus medicamentos, tuve que acudir mensualmente al Comité Médico para que se los autorizaran, lo cual implicaba muchas filas de casi todo el día y múltiples trámites burocráticos", explicó Castro.

Como si fuera poco, en el año 2011 se destapó una vergonzosa corrupción. Se estima que el desfalco, promovido por las empresas promotoras de salud (intermediarios privados), funcionarios del Estado y contratistas, podría ascender a los cuatro billones en los últimos años (un dólar es 1,800 pesos), según cálculos de la Fiscalía General de la Nación.

Salud con perspectiva de género

El Proyecto de Ley Estatutaria por la cual se establece el Derecho Fundamental a la Salud -de ser aprobado- debe ser desarrollado por una ley que la reglamente, atendiendo los componentes esenciales de tal derecho consagrados en la Constitución Nacional, entre ellos el derecho a la no discriminación por motivos de género y el respeto de los derechos sexuales y reproductivos.

Esta iniciativa fue radicada por la Alianza Nacional por un Nuevo Modelo de Salud, y cuenta con el respaldo de 20 parlamentarios, de la Central Unitaria de Trabajadores, la Federación Médica Colombiana y la Asociación de Enfermeras de Colombia y la Comisión de Seguimiento a la Sentencia T /760 de 2008, entre otras organizaciones.

En esta sentencia, la Corte Constitucional reitera que la salud es un derecho fundamental, el cual comprende, entre otros, el "derecho a acceder a servicios de salud de manera oportuna, eficaz y con calidad".

"La ley reglamentaria deberá tomar en cuenta las particularidades de las mujeres, especialmente la morbi-mortalidad infantil, pues hace falta más promoción y prevención en este tema. Precisamente, la ley estatutaria busca cambiar el modelo curativo por un sistema con énfasis en la promoción y prevención", aseguró Carvallo, directiva de la Asociación de Enfermeras.

"Hay que mirar las diferencias en salud por género, y prestar más atención a las mujeres, porque tenemos menores posibilidades de cuidar nuestra propia salud, ello en razón de que históricamente nos hemos volcado a cuidar a otros, a los adultos mayores, a los enfermos crónicos, seamos o no enfermeras", agregó Carvallo.

Según el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) en Colombia, el 98 por ciento de los partos son atendidos en instituciones de salud (y no en la casa). Sin embargo, persisten problemas de calidad en los servicios, que se traducen en una razón de mortalidad materna de 73 muertes por 100.000 nacidos vivos (año 2009).

En julio pasado, el gobierno promulgó una unificación de los dos regímenes que existían, el subsidiado y el contributivo, lo cual fue visto con buenos ojos tanto por la Federación Médica Colombiana, como por la Asociación Nacional de Enfermeras.

Hasta la unificación, el gobierno no había definido quien era responsable económicamente de pagar los costos de promoción y prevención de las mujeres gestantes. Había una ambivalencia, y a las mujeres las hacían ir de un lugar a otro y las ponían a hacer filas a las cuatro de la mañana, por lo cual muchas de ellas desistían de recibir los controles preventivos, pues no podían dejar a sus hijos solos o ausentarse del trabajo, explicó a SEMlac Sergio Robledo, doctor de la Federación Médica Colombiana.

"Con la unificación, las entidades promotoras de salud son las responsables del cuidado individual de las maternas (mujeres gestando) -aseguró Robledo-. Pero eso no va a mejorar el sistema de salud porque no se amplió su capacidad".

"La unificación tiende a acercarse a los principios universales, como equidad, calidad y accesibilidad, entre otros, pero si no se modifica estructuralmente el sistema de salud y seguridad social el presupuesto no va alcanzar. Las entidades privadas intermediarias tienen que lucrarse", opinó Carvallo.

Fuente: Semlac